El Instituto Estatal Electoral de Nayarit es un organismo público dotado de autonomía y patrimonio propio, encargado de organizar las elecciones locales de Gobernador del Estado, Diputados y miembros de los Ayuntamientos.
De igual manera, está atribuido para fomentar la cultura democrática y la capacitación político electoral de la población del Estado.
Garantizar el desarrollo de la vida democrática del estado de Nayarit, con elecciones libres y auténticas, basadas en el cumplimiento irrestricto del marco constitucional y legal de los procesos electorales locales, con pleno respeto de los derechos político-electorales de la ciudadanía y los partidos políticos, promocionado la cultura política, la inclusión y la participación ciudadana, actuando siempre bajo los principios rectores de la función electoral.
Ser reconocida por la sociedad nayarita como una institución confiable, efectiva e incluyente, que contribuye de manera significativa a la participación política de la ciudadanía en el estado, distinguida por los valores cívicos y profesionalismo.
Nuestro actuar y el uso de recursos será de manera transparente. Nuestras acciones serán públicas y daremos la máxima publicidad a las mismas por lo que facilitaremos el acceso a la información que se requiera en todo momento.
Nuestras acciones estarán apegadas a la Constitución, leyes, lineamientos, acuerdos y reglamentos y hacer honor a las mismas, en el comportamiento y actuar siempre bajo los principios rectores de la función electoral, con procesos claros y definidos que generen resultados consistentes para mejorar la interacción con la sociedad.
Tenemos el compromiso de lograr mejores resultados con los recursos que se cuentan para cumplir con los objetivos del Instituto, tenemos la obligación en hacer bien nuestro trabajo y usar los mejores medios posibles para lograr las funciones que nos han sido depositadas.
Generaremos un ambiente de justicia e igualdad con nuestro trato y acciones, a través de comportamientos justos y la aplicación de las normas igualitariamente hacia la ciudadanía, los partidos políticos, candidatos y candidatas y nuestro propio equipo de colaboradores.
Administraremos los recursos de la mejor manera posible, garantizando que estos generen la mayor rentabilidad y mejores resultados, controlando el uso de los mismos y evaluando constantemente las acciones realizadas para la toma de las mejores decisiones en los mismos.
Consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todas las personas participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.
Es la garantía formal para que la ciudadanía y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.
Es la garantía y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la Institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.
Consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.
Este principio consiste principalmente en dar cumplimiento a la obligación que tiene la institución de contar con información pública disponible para que la ciudadanía pueda consultar.
El personal que labora en el instituto Estatal Electoral debe estar plenamente capacitado, especializado y actualizado de forma constante, de tal manera que se demuestren los niveles de preparación y conocimiento en el ejercicio de la función electoral.
Implica que para la ciudadanía la información de toda institución pública se encuentre disponible con facilidad y acceso, en los términos que ley establece y que debe darse a conocer, con excepción de la confidencial.
Esta obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñados para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.
Garantizar en la participación política y la integración del Congreso y ayuntamientos, la paridad sustantiva, en un ambiente libre de violencia política contra las mujeres por razón de género.
Proteger los derechos y libertades fundamentales que tienen todas las personas, en especial en los derechos relacionados con el ámbito político electoral en nuestro estado, esto o a efecto de procurar que la ciudadanía viva dignamente, en condiciones de libertad, justicia y paz.